Amnistía para indocumentados en Estados Unidos
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Dirigida a: Senado de los Estados Unidos y 2 más
No pedimos residencia ni ciudadanía, solo pedimos permiso de trabajo sin fecha de caducidad, trato digno, derecho básico. El Senado norteamericano aprobó la inclusión de una amnistía para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, dentro de un proyecto de Ley de inmigración que regula la entrada de extranjeros y las condiciones para obtener la residencia en el país
Según los términos de la amnistía, apoyada por el Gobierno, cualquier persona indocumentada que haya vivido permanentemente en Estados Unidos desde el primero de enero de 1977 tendrá derecho a un estatus de residente permanente. Quienes entraron en el país después del primero de enero de 1980 obtendrán un estatus de residente temporal, que se convertirá en permanente tres años después. La ciudadanía estadounidense podrá ser obtenida después de cinco años con residencia permanente. El principal promotor del proyecto de Ley sobre inmigración es el senador republicano Alan Simpson, quien considera la inmigración incontrolada como "una de las grandes amenazas para el futuro de esta nación".
Muchos de los inmigrantes huyen de una muerte segura, amenazas, extorsiones, desapariciones, y vemos a los Estados Unidos como el hermano mayor. No queremos quitarles el trabajo, estamos al final de la línea de trabajo, hacemos el trabajo duro y sucio que muchos ciudadanos odian. Aceptamos que impongan la Ley a los que deben delitos o vengan a cometer delitos acá, que les caiga el peso de la Ley, pero la mayoría solo quiere trabajar, ayudar a sus familias y pagar sus impuestos. Por dios, ayúdennos.
Los afectados por la amnistía, que las estimaciones oficiales cifran en torno al millón de personas, no podrán acogerse, sin embargo, a la seguridad social o a otras ayudas del Estado hasta tres años después de lograr la residencia permanente.
El proyecto de Ley prevé el establecimiento de un carné de acceso al trabajo para todos los amnistiados y duras sanciones para aquellas empresas que contraten trabajadores indocumentados. Contra este aspecto de la Ley se manifestó el Senador Demócrata Edward Kennedy, quien consideró que esas sanciones podrían entrañar una discriminación contra los grupos minoritarios, especialmente hispanos, puesto que existiría el temor a contratarlos por miedo a que estuvieran ilegalmente en el país.
Kennedy sostuvo que "se debe ser extremadamente prudente para evitar una legislación que eleve el grado de intolerancia y discriminación en nuestra sociedad". La oposición demócrata se opuso también a la limitación de la inmigración legal, porque supondría que, "por primera vez en la historia del país, se iba a impedir que las familias de inmigrantes se reunieran en Estados Unidos". Kennedy fue el único que votó en contra del proyecto. El proyecto estipula el límite de inmigrantes anuales en 425.000 personas y regula la expansión del programa de trabajo agrícola.
En 1980 entraron en Estados Unidos más de 800.000 inmigrantes, incluyéndose en esta cifra la admisión extraordinaria de 135.000 cubanos, en el famoso puente de Mariel, y de los asiáticos recogidos en alta mar.
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